Columna de opinión escrita por la Vicedecana de Investigación, Desarrollo y Postgrado de la Facultad de Ingeniería, Dra. Andrea Mahn Osses.
El ecosistema científico atraviesa una tensión profunda, que ya no puede seguir tratándose como un tema técnico o administrativo. Estamos enfrentando una distorsión estructural en la forma en que producimos, validamos y evaluamos conocimiento. Y el origen del problema es claro: las métricas de productividad fueron capturadas por un modelo editorial que opera bajo lógicas comerciales más que académicas, mientras proliferan prácticas que erosionan la ética científica y desfiguran la noción misma de mérito.
La evidencia está a la vista. Las llamadas revistas depredadoras han convertido la publicación científica en un negocio donde el pago pesa más que la rigurosidad. Cobran por publicar, aceptan artículos sin revisión seria, operan sin transparencia y han instalado la idea de que la ciencia puede ser comprada, siempre y cuando se financie la tarifa correspondiente. Esta mercantilización no es un fenómeno aislado: está entrelazada con el modelo de grandes conglomerados editoriales que cobran sumas crecientes por publicar en revistas “de alto impacto”, aun cuando no siempre garantizan los estándares que proclaman.
El caso reciente de la expulsión de una revista del índice Clarivate no es un escándalo puntual; es una señal inequívoca de que el sistema falló. Una revista puede permanecer años en un índice internacional, generar miles de citaciones, alimentar carreras académicas completas… y luego revelar que gran parte de esa estructura se sostenía en prácticas editoriales cuestionables. ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Las editoriales? ¿Los índices? ¿Las instituciones que miraron hacia otro lado? ¿O la comunidad científica que se vio obligada —o seducida— a jugar bajo estas reglas?.
Pero no se trata solo de las editoriales. El daño también proviene desde adentro. Ya es un secreto a voces que existen artículos con autorías “acordadas” entre grupos, nombres incorporados por conveniencia, colaboraciones ficticias o participaciones infladas para mejorar CVs y métricas. Estas prácticas —que constituyen una forma de corrupción académica— generan una simulación de productividad que afecta concursos, promociones, distribución de recursos y reconocimiento institucional. Es una competencia desigual, donde quienes se adhieren a estas estrategias obtienen ventajas injustas sobre quienes investigamos con rigor, ética y austeridad.
Estamos, en definitiva, frente a un problema político: un sistema que premia el número por sobre el contenido, el acceso al financiamiento por sobre la rigurosidad, y la negociación tácita por sobre la contribución real. Un sistema que castiga a quienes investigan “a la antigua”, es decir, con seriedad, con escasos recursos, y con un compromiso intransable con la credibilidad de la ciencia.
Por eso, hoy no basta con describir el problema. Se requiere asumir una postura institucional clara. Las universidades no pueden seguir evaluando productividad con instrumentos que ignoran estas distorsiones. La CNA no puede continuar incentivando lógicas cuantitativas que benefician a quienes participan del circuito editorial más lucrativo o menos ético. Y ANID tiene la oportunidad —y la obligación— de liderar una reforma que restituya el valor público de la investigación, revisando los sistemas de evaluación, estableciendo incentivos reales a la calidad y sancionando de manera explícita las malas prácticas.
Necesitamos políticas que enfrenten con decisión el negocio editorial, que regulen la relación entre fondos públicos y pago por publicar, que reconozcan trayectorias íntegras y que protejan a quienes contribuyen a la ciencia con responsabilidad y no con chequeras. Y, sobre todo, necesitamos una comunidad científica dispuesta a decir en voz alta lo que muchos comentan en privado: que la ciencia se está viendo amenazada por un modelo que favorece la apariencia de productividad, más que la producción de conocimiento significativo.
La ciencia es demasiado importante para dejarla a merced del mercado y de las métricas vacías. Es hora de que las instituciones tomen posición, que las agencias reguladoras ejerzan liderazgo y que recuperemos un sistema donde publicar no sea un privilegio para quienes pueden pagar, ni un terreno fértil para prácticas que socavan la confianza pública.
La integridad científica no se negocia. Y hoy, más que nunca, tenemos la responsabilidad de defenderla colectivamente.
