Seguir profundizando los hitos logrados el año pasado es la principal meta que plantean a ELECTRICIDAD los actores nacionales en torno a esta tecnología, donde se mencionan incentivos para avanzar con mayor rapidez.
Consolidar la participación de los buses eléctricos en el transporte público, así como sentar las bases de la masificación de vehículos particulares de este tipo a través de incentivos, junto a la profundización de la infraestructura de carga y el estreno de la primera normativa, son los principales objetivos que tiene la electromovilidad en el país, de acuerdo con lo señalado a ELECTRICIDAD por parte de los actores del sector.
Y es que estas proyecciones se sustentan en los hitos registrados el año pasado, como la incorporación de buses, junto a la venta de 300 vehículos eléctricos e híbridos enchufables particulares, las operaciones de 39 taxis eléctricos y los 143 puntos de carga declarados ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entre otros.
Avances
El año pasado fue el mejor en términos cuantitativos para la electromovilidad en el país: en el transporte público, se incorporaron a RED (ex Transantiago) 283 buses eléctricos de las marcas chinas BYD y Yutong, con lo cual se llegó a un total de 386 de estas máquinas. Según datos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la flota eléctrica corresponde a un 6% del total de unidades del transporte público de la capital.
Los automóviles particulares, por su lado, obtuvieron su mejor registro. De acuerdo con los datos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), a noviembre de 2019 se anotaron 288 unidades eléctricas e híbridas enchufables comercializadas, superando lo hecho en 2018, cuando se vendieron 197 unidades.
A nivel de taxis eléctricos, la Subsecretaría de Transportes indicó que, a noviembre del año pasado se anotaron 39 taxis eléctricos, de los cuales 35 circulan en Santiago, mientras que hay dos registrados en la Región de Coyhaique y otros dos en la Región de Valparaíso.
Finalmente, la infraestructura de carga también mostró avances, al cerrar 2019 con 143 puntos de carga declarados a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). De ellos, 112 son públicos y 31 privados, donde la Región Metropolitana concentra el 57% de las instalaciones, seguidas por la Región de Valparaíso (13%) y las regiones de Biobío y Los Lagos, que tienen con 5%.
Por otra parte, potencia total instalada de los cargadores públicos alcanza 4,2 MW, de los cuales 41 (37%) son de carga lenta (desde 3,5 kW y menos de 22 kW); 39 (35%) son de carga semi-rápida (desde 22 kW y menos de 50kW); 31 (28%) tienen carga rápida (desde 50 kW hasta 100 kW), y uno (1%) es de carga ultrarrápida (mayor a 100 kW), el cual se ubica en la Región Metropolitana.
Prioridades
Son varias las prioridades que mencionan los actores involucrados en la movilidad eléctrica en el país, quienes proyectan un positivo panorama en el corto plazo. El subsecretario de Energía, Francisco López, señala la meta de aumentar diez veces la cantidad de vehículos eléctricos en el país a 2022, “por lo que tenemos que generar las condiciones para que esto ocurra, incrementando la cantidad de cargadores no solo dentro de las ciudades, sino que en las carreteras, para que exista seguridad y capacidad para recibir estos vehículos y así realizar viajes interregionales”.
“Durante este año esperamos que todas las regiones tengan cargadores para vehículos en regiones y carreteras. En 2018 el sector privado se ha ido sumando, con las distribuidoras y las estaciones de servicio, por lo que es el inicio del cambio de paradigmas”, sostiene la autoridad.
La Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) también alista iniciativas en línea con las metas del Ministerio de Energía, como explica su director ejecutivo, Ignacio Santelices: “Estamos desarrollando una guía metodológica con los cinco pasos de la electromovilidad, enfocada en Municipios. También estamos viendo con los gobiernos regionales cómo avanzamos en poder electrificar los taxis colectivos, pues actualmente hay incentivos que no están aprovechados, porque no es un tema monetario, sino que hay aspectos de financiamiento, de seguros, mantenciones y de credibilidad y confianza en el vehículo eléctrico”.
Para Danilo Núñez, director ejecutivo de Elmov, el desarrollo de la movilidad eléctrica de este año también estará marcado por el transporte público, “especialmente a partir de la nueva Licitación del sistema RED en Santiago, pero también por las primeras experiencias en líneas de buses eléctricos fuera de la capital y en zonas rurales”.
El especialista también destaca el inicio del debate normativo sobre la instalación de cargadores eléctricos, “al menos a nivel de canalización de ductos en estacionamientos de edificios residenciales, dando pie al irreversible proceso de masificación de la tecnología móvil”.
“Por otro lado, en el ámbito de la planificación, se comenzarán a realizar “hojas de rutas en electromovilidad” en diversas regiones del país, de tal manera que cada región comience a dibujar su sueño de ciudades electromóviles para el futuro, con características y requerimientos propios de cada localidad”, añade Nuñez.
Asumir el reto de descarbonizar el parque automotor, avanzando hacia tecnologías con cero emisiones, es parte de las perspectivas 2020 que aprecia Alberto Escobar, secretario general de la Agrupación de Movilidad Eléctrica de Chile (Amech).
“Para ello, se requiere con urgencia empezar a generar subsidios o exenciones de impuestos que permitan que esta tecnología sea accesible a la sociedad civil, lo que no sólo significa bajar las barreras de introducción de vehículos cero emisiones, sino que se debe tener una visión más amplia y crear estímulos proporcionales a los niveles de emisión”, precisa.
A juicio del ejecutivo, “se hace indispensable ir adoptando beneficios públicos y privados que permitan a los usuarios optar por estos vehículos, como circular en vías menos congestionadas o poder estacionarse gratuitamente en la ciudad, tal como se ha hecho con éxito en España”.
La ampliación de la infraestructura de carga de vehículos eléctrico es otro eje, según menciona Matías Díaz, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago: “Actualmente, existen diversos proyectos en marcha, como la instalación de 1.200 puntos adicionales de carga por parte de Enel X, o la actualización de la plataforma EcoCarga del Ministerio de Energía, que deberían aportar a estos objetivos”.
“Prontamente deberíamos contar con un proyecto de ley de eficiencia energética que permita fijar estándares para vehículos eléctricos nuevos, además de definir estándares de interoperabilidad y definición de características para estaciones de carga y cargadores”, agrega el académico.
Esto es compartido por Santiago Marín, director del Área de Escuelas Ingeniería, Construcción y Recursos Naturales de Duoc UC, pues “la prioridad es seguir aumentando la infraestructura de carga y crear incentivos a las compras de autos eléctricos, mediante beneficios tributarios para disminuir la brecha de precios entre autos convencionales y eléctricos, ya que estos todavía tienen valores elevados”.
“Hay que seguir avanzando en el tema regulatorio, en el sentido de que los sistemas de carga estén certificados por la SEC, sobre todo si va a haber carga en los domicilios, además de contar con una certificación en el manejo de las emergencia, como cuando un auto eléctrico se va involucrado en siniestros, ya que características distintas”, afirma.
Incentivos
La mayor presencia de vehículos eléctricos en circulación, con el crecimiento de la infraestructura de carga, aún está lejos de la masificación, por lo que los especialistas señalan que el incremento de esta tecnología está sujeto a la evolución de los precios, además de la definición de incentivos para profundizar el avance de la electromovilidad.
Alberto Escobar asegura que cada año el precio de los automóviles eléctricos “está bajando y el valor de las baterías está reduciéndose a una tasa de 8% anual. En diez años o antes, la diferencia en el precio entre un auto de este tipo y uno convencional va a ser muy baja”.
En esto concuerda Ignacio Santelices, quien proyecta que los precios de automóviles particulares deberían seguir bajando entre 2022 y 2025, por lo que plantea la importancia de ir despejando las barreras que hay en torno a la electromovilidad dentro del país.
“Por eso es tan importante mostrar la tecnología, trabajar con proveedores, tener gente capacitada para la mantención de los vehículos, y avanzar en normas claras que generen buenos incentivos. Así que esperamos que de aquí a cinco años más la decisión normal de una persona sea comprar un vehículo eléctrico”, añade.
Para Danilo Núñez, el comportamiento del mercado de vehículos eléctricos debe estar influenciado por el mayor acceso a la tecnología, a medida que disminuyan los precios, junto a la generación de incentivos, los cuales –explica- pueden estar asociados “a la primera compra de un vehículo eléctrico, entre los cuales destacan la exención de impuesto de compra, disminución de impuesto de circulación, subsidio en la compra, reducción en el precio de la electricidad y descuentos de seguros”.
Matías Díaz señala que, en base a la experiencia internacional, se deben generar “instrumentos tangibles” para fomentar un ecosistema de vehículos eléctricos, como “reducción a los permisos de circulación de los vehículos eléctricos, la prohibición gradual de la venta de vehículos con combustión interna, el uso de vías exclusivas para estos vehículos”.
“Finalmente, un tema muy importante para el país es definir una política de incentivo y promoción para desarrollar industria nacional en el tema. Considerando los recursos naturales del país, como lo son el cobre y el litio, se debería considerar una fuerte inversión y apoyo al desarrollo de tecnologías que nos permitan desarrollar baterías de litio, motores eléctricos, inversores y cargadores para vehículos eléctricos”, agrega el académico.
A juicio de Danilo Núñez, otros beneficios para los usuarios pueden ser “la rebaja en el pago de estacionamiento, la exención de límites de peso, rebaja de peajes en carreteras y transbordadores estatales, además de la instalación de infraestructura de carga con fondos públicos y gratuidad en su uso”.
En este último aspecto el ejecutivo sostiene que para profundizar el desarrollo de la infraestructura de carga es necesario considerar que las empresas que realizan este tipo de implementaciones puedan compartir planes de instalación, “de tal manera de comenzar a dibujar un Plan Maestro de Electrocargadores a nivel nacional, y así desconcentrar sus ubicaciones en miras de imaginar el futuro”.
“Este debate debe ir de la mano con la forma de pago de los servicios de carga eléctrica, de tal manera que quien posee un vehículo eléctrico pueda utilizar el servicio en cualquier cargador que se lo permita y que no sea una sumatoria de sistemas de pago diferente lo que puede llevar a una ineficiencia del sistema”, asegura Núñez.
Alberto Escobar complementa lo anterior con la necesidad de “trabajar técnicamente en ampliar equipos de emergencia y equipamiento para el financiamiento seguro del transporte eléctrico. Para ello, es clave asegurar confiabilidad, seguridad y planificación de la infraestructura eléctrica deseada que influyan para un buen desarrollo de la movilidad eléctrica”.
Aspectos técnicos
El impulso de la electromovilidad en el país también ha generado una serie de desafíos y uno de ellos, es establecer estándares para evaluar la condición y duración esperada de las baterías de los autos eléctricos o darle transparencia y coherencia a la clasificación de los vehículos “enchufables”.
Según Matías Díaz, los temas pendientes en materia técnica dentro de la movilidad eléctrica tienen relación con incrementar la autonomía de los vehículos eléctricos, “además de la reducción de los tiempos de carga, generar infraestructura eléctrica, y mejorar la interoperabilidad de la tecnología”.
“La autonomía es determinada por la capacidad de almacenamiento de energía del vehículo eléctrico, y en este sentido, avances en tecnología de baterías (principalmente de ion-litio) y sistemas en base a hidrógeno jugarán un rol fundamental. Por otro lado, se debe avanzar en el desarrollo de supercargadores de potencias superiores a 250 kW para lograr tiempos de carga menores a los 20 minutos. Todo este avance, debe ser soportado por una infraestructura de distribución eléctrica que considere el incremento de la demanda, gestión inteligente de los flujos de potencia e incorporación de cargas bidireccionales”, subraya el académico de la Universidad de Santiago.
“De la misma forma, se debe iniciar el debate sobre la normativa aplicable a la canalización de ductos para la instalación de cargadores eléctricos en estacionamiento de edificios subterráneos en edificios comerciales y residenciales, desde el punto de vista de diseño constructivo y de los requerimientos eléctricos”, comenta Danilo Núñez.
Conclusiones
• 2019 marcó el mayor crecimiento en el parque de vehículos eléctricos en el país, con la venta de cerca de 300 automóviles, lo que se suma a la incorporación de 283 buses y al aumento de la capacidad instalada en infraestructura de carga.
• El sector público y privado trabajan en varias iniciativas para este año, a fin de profundizar el desarrollo de la electromovilidad, por lo que se espera contar con el primer marco regulatorio.
• Los privados señalan la necesidad de establecer incentivos para incrementar el número de estos vehículos, así como extender la cantidad de cargadores en todas las regiones del país.
El desarrollo del capital humano
Dentro del acuerdo público-privado para la electromovilidad se incluyó el avance en la formación de capital humano, pensando en el mantenimiento de vehículos y en la instalación de infraestructura de carga.
Duoc UC es uno de los actores que firmaron este compromiso en la iniciativa, como señala Santiago Marín, director del Área de Escuelas Ingeniería, Construcción y Recursos Naturales de la institución educacional, quien destaca la realización de cursos de electromovilidad, además de la implementación de laboratorios de vehículos eléctricos.
“A la fecha llevamos más de 800 técnicos que han pasado por los cursos de electromovilidad y más de 100 trabajadores del sector han tomado cursos de educación continua. Lo que ha marcado la diferencia es el hito del transporte público, al incorporar cerca de 400 buses eléctricos, permitiendo abrir el abanico a mecánicos de vehículos mayores y maquinaria pesada”, afirma.
“Hay que preocuparse del soporte a la infraestructura de carga en espacios públicos, condominios y casas, por lo que se necesita la formación de capital humano para la instalación y mantenimiento, especialmente de técnicos eléctricos en los hogares, pues se requieren corrientes de 15 amperes para este tipo de instalaciones, cuando en general las casas tienen corrientes de 10 amperes, por lo que se deben hacer circuitos separados y así evitar la sobrecarga de los hogares. Eso lo estamos haciendo con un levantamiento de información en los barrios donde se instalan centros de carga, en la comuna de San Joaquín y Huechuraba”, agrega.
Por su parte, en la Universidad de Santiago en abril próximo comenzará el “Diplomado en Electromovilidad: Tecnología, Políticas Públicas y Modelos de Negocio”, el cual abordará tópicos como la situación de los mercado de los vehículos eléctricos y las políticas de incentivo para electromovilidad; motores y convertidores de potencia en vehículos eléctricos; tecnologías de baterías, carga y Smart Grids, modelos de negocio asociados, y el desarrollo de tecnología nacional, entre otras materias.
Lo que viene en regulación
El avance del proyecto de ley de eficiencia energética en el Congreso y el envío de la denominada Ley Larga de distribución, que buscar reformar a este segmento, son los principales ejes propulsores para que la electromovilidad en Chile cuente con un marco regulatorio definido, lo que se suma a la normativa técnica que elabora la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
Francisco López, subsecretario de Energía, destaca que el proyecto de eficiencia energética “busca generar las condiciones para que las automotoras incorporen dentro modelos eléctricos en su cartera de vehículos a la venta. Habrá un conteo especial, como incentivo, para que las automotoras lo incorporen”.
Por otro lado, señala que, en el proyecto de ley larga de distribución, actualmente se están “evaluando los tipos de instrumentos que se pueden incorporar en el proceso de desarrollo, especialmente en la incorporación de mayor competencia y en la mejora de estándares en la calidad del servicio”, lo cual se definirá en marzo cuando se espera enviar la iniciativa legal al Congreso.
Respecto al trabajo técnico que se elabora en movilidad eléctrica, actualmente se realiza la consulta pública a agentes internacionales en torno al reglamento de pliego técnico sobre infraestructura de carga para vehículos eléctricos.
Luis Ávila, superintendente de Electricidad y Combustibles, sostiene que esta normativa considera tres aspectos fundamentales: Seguridad de las instalaciones, interoperabilidad de los sistemas de carga y eficiencia de las redes eléctricas ante el aumento de la infraestructura de carga.
La autoridad precisa que la normativa en consulta también busca abrir “un nuevo concepto tecnológico en la utilización de los sistemas eléctricos el cual corresponde al control inteligente de la carga”.
Otro punto que menciona es la accesibilidad de puntos de carga en domicilios y/o edificios destinados a autos eléctricos. “En este sentido, la SEC estableció, según la información existente, que no hay impedimentos para que este tipo de recintos pueda contar con más de un empalme, facilitando así la implementación de estos artefactos”.
“Por otra parte, está el acompañamiento a proyectos que implican la instalación o ampliación de cargadores para vehículos eléctricos en la vía pública, instancias donde factores, como la distancia entre las estaciones de servicio y los puntos de conexión, presentan eventuales dificultades para obtener suministro”, concluye.
Por: Revista Electricidad
Fotografía: Revista Electricidad
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