La discusión sobre la nueva Ley de Inteligencia Artificial en Chile representa mucho más que un debate técnico o regulatorio. Se trata, en el fondo, de una oportunidad para definir qué tipo de país queremos construir en la era digital: uno que vea la tecnología solo como una herramienta de eficiencia o uno que la asuma como un vehículo para el desarrollo humano y científico sostenible.
La inteligencia artificial (IA) no puede reducirse a un conjunto de algoritmos. Es un fenómeno social, cultural y ético que transforma nuestra manera de producir conocimiento, de tomar decisiones y de relacionarnos. Por ello, la regulación que hoy se discute debe ir acompañada de una visión de Estado que fortalezca la investigación interdisciplinaria y la capacidad científica nacional. Solo así podremos comprender, adaptar y crear tecnologías que respondan a nuestras realidades, con pertinencia y sentido público.
Las universidades tienen aquí un papel insustituible. Son el espacio donde convergen la ciencia, la reflexión y la formación de las nuevas generaciones. Desde la academia podemos aportar evidencia, desarrollar marcos de evaluación y proponer estándares que garanticen el uso responsable y transparente de la IA. Pero, además, debemos asumir la tarea de formar ingenieros, científicos y profesionales con una mirada integral: personas capaces de dominar la técnica, pero también de comprender el impacto social de sus decisiones y de poner la tecnología al servicio del bien común.
La nueva ley, alineada con los principios de la UNESCO y la OCDE, invita precisamente a eso: a construir un ecosistema de innovación basado en el conocimiento, la ética y la sostenibilidad. Si se implementa con visión estratégica, puede transformar a la IA en una herramienta democratizadora del saber y en un motor de desarrollo sustentable.
En este camino, la colaboración entre universidades, empresas y Estado se vuelve fundamental. Las universidades aportan investigación y pensamiento crítico; las empresas, capacidad de aplicación y escalamiento; y el Estado, orientación estratégica y resguardo del interés público. Juntos, estos tres actores pueden asegurar que la inteligencia artificial no profundice las brechas, sino que contribuya a cerrarlas, impulsando soluciones en energía, salud, educación y medio ambiente.
El desafío, en definitiva, no es solo regular la inteligencia artificial, sino dotarla de propósito. Que su desarrollo refleje nuestros valores como sociedad y que sus beneficios lleguen a todos. Desde la academia, nuestro compromiso es acompañar este proceso con ciencia, ética y visión, para que la inteligencia artificial sea, ante todo, una herramienta al servicio del bienestar y del futuro sostenible de Chile.
Por: Dra. Andrea Mahn Osses, Vicedecana de Investigación, Desarrollo y Postgrado, Facultad de Ingeniería Usach.
